Por: Abigail Arredondo Ramos
Columna Publicada en El Universal Querétaro
Las redes sociales y el uso del internet nos han llevado a un mundo más conectado y dinámico. Un mundo donde la exigencia de justicia en casos específicos se ha viralizado.
Antes era complicado poner atención a casos aislados que no eran difundidos por los medios de comunicación. El surgimiento de las telecomunicaciones, el internet y las redes sociales, han creado una interacción global casi inmediata que ha despertado una vigilancia constante de la sociedad. Ya no tienes que esperar a que la noticia salga en el periódico o que el noticiero toque el tema; la información llega por si sola y en tiempo real a nuestros celulares y computadoras, estemos donde estemos. Todo ello es benéfico, pues permite una mayor interacción, acceso a la información e intercambio de opiniones entre las y los usuarios.
Gracias las redes sociales, nos informamos de casos que, de otra forma, tal vez hubieran quedado en la impunidad, ya sea por no ser denunciados o por ser olvidados en los enredos de la burocracia.
A través de las tecnologías de la información, obtenemos evidencias de hechos lamentables, reprobables e irritantes que agravian a la sociedad y que, de inmediato, generan indignación y repudio. Casos como el del perrito que fue brutalmente asesinado en un cazo de carnitas en el Estado de México, el de los padres que golpearon y amenazaron a una maestra en un colegio o el del sujeto que golpeó a un adolescente que trabajaba en un subway de San Luis Potosí, son algunos ejemplos de sucesos que han sido castigados gracias al empuje de las redes sociales.
Así, se ha creado un efecto social interesante: la exigencia de la justicia “viral”.
De esta manera, se ha creado una especie de denuncia pública digital que pone en movimiento a las autoridades y las orilla a que actúen con eficiencia y eficacia. Solo a través de la presión pública vemos como despliegan todas sus capacidades y recursos para lograr, en cuestión de horas o días, castigar a los responsables. Eso nos deja, al final, un aire de satisfacción y percepción de legalidad, pero que, desafortunadamente, no corresponde con la realidad.
Cuando volteamos a ver las estadísticas, esa eficacia y eficiencia se desploma.
¿Qué está pasando con el grueso de los asuntos detenidos en las fiscalías, juzgados, procuradurías y demás instancias de gobierno? ¿opera la misma efectividad? Claro que no. De acuerdo con cifras de “impunidadcero.org”, el 94% de los delitos que se cometen no son denunciados ¿por qué? Por la falta de confianza en las autoridades. Y como no, sí menos del 1% son resueltos, es decir, de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven.
¿Entonces, qué es lo que está pasando? Que el profesionalismo en la impartición de justicia se está condicionando a la opinión pública, lo que es lamentable, pues responde a criterios políticos que no ayudan a la construcción de un verdadero estado de derecho. Se trata de una postura que responde al cuidado de la imagen pública del funcionario. “Hay que apagar el fuego mediático”, piensan algunos.
Me parece que como ciudadanía debemos exigir que las autoridades no solo actúen cuando estén “bajo la mira”, sino que hagan del cumplimiento del deber su denominador común, sin importar el alcance y contexto público del caso. Y desde el gobierno, es necesario emplear protocolos de actuación y políticas públicas que sean efectivamente aplicadas con dedicación, para asegurar un desempeño profesional y no a modo de los servidores públicos.
Solo así es como podremos recuperar aquello que la sociedad ha perdido hace tiempo en las instituciones: la confianza.
