Por: Abigail Arredondo
(Columna Publicada en el Periódico El Universal Querétaro)
La reforma al Poder Judicial está causando una crisis institucional. La resistencia del Poder Judicial de la Federación continúa ahora en la cancha de los propios tribunales. La verdad es que, en ambos bandos, ha faltado oficio político y ánimo de conciliación.
Por el lado del oficialismo, la manera intransigente en que aprobaron la reforma con el uso de la aplanadora legislativa, sumado a las declaraciones, tanto de los representes en las Cámaras como de la misma titular del Ejecutivo, en el sentido de que la reforma es imparable, han minado cualquier posibilidad de acuerdo. Y por el lado del Poder Judicial, entre el paro decretado, la decisión del tribunal pleno de revisar la reforma, las múltiples suspensiones dictadas en amparos y, el evidente distanciamiento con los otros poderes, han causado que el diálogo sea prácticamente imposible.
Aunado a ello, la incertidumbre que la reforma ha generado en los mercados internacionales, la ambigüedad de la reforma en cuanto a su aplicación y logística por parte del Instituto Nacional Electoral y, las constantes violaciones a las determinaciones judiciales dictadas en los amparos, han generado una inestabilidad institucional que ha subido de tono. Desde amenazas de juicio político hasta golpes de Estado, el diálogo entre poderes se ha perdido y se ha generado mucha suspicacia e incertidumbre, incluso para los mismos juristas.
Y para complicar más las cosas, ahora la “papa caliente” está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante una solicitud de consulta realizada por el INE, a fin de decidir si se mantienen o no, las suspensiones decretadas, creando con eso, mayor incertidumbre, pues en sentido estricto, dicho tribunal no tiene facultades en materia de amparo.
Estamos en una encrucijada jurídica que nos puede llevar a una crisis institucional. Si aplicamos la Ley de Amparo tal cual, varias autoridades han violado las suspensiones decretadas y lo procedente sería su destitución y puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República. ¿realmente queremos esto?
¿Qué hacer entonces? Recobrar la sensatez.
Algunos críticos de la reforma, como el Dr. Diego Valadez, ya lo han manifestado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe poner el ejemplo de diálogo institucional y aceptar que la reforma es válida y vigente; por otro lado, el oficialismo debe serenar su impulso y acercarse a las y los juzgadores, para encontrar puntos de acuerdo, llevar a cabo la aplicación de la reforma sin afectar los derechos laborales da las y los trabajadores y crear un modelo operativo óptimo.
Por lo pronto, ayer se presentó en el Senado el paquete de leyes secundarias que regularán el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Considero que es una buena oportunidad para recuperar el diálogo y encontrar puntos de acuerdo entre ambos extremos. Es importante que, tanto la presidenta del Alto Tribunal como la titular del Poder Ejecutivo Federal, pongan el ejemplo y demuestren su capacidad de diálogo y construcción de acuerdos. Así como están las cosas, no hay espacio a los extremos ni a las imposiciones, México necesita congruencia y cordura en la toma de decisiones.
Por ello, llamemos a la mesura y a la sensatez, pues más allá de nuestras visiones particulares, está de por medio la estabilidad del país. La división de poderes no debe llevar a la ruptura del Estado.
Nuestra misión, como representantes de la gente, es velar siempre por la estabilidad y la seguridad de la unión.
